Municipios
Municipios 17/03/2010
Varios técnicos del Gobierno canario alertaron de que urbanizar Costa Cardón es ''ilegal''La Cotmac aprobó la reclasificación por la presión política y bajo el temor a la influencia de Varadero
Cuando todas las miradas se centran en la polémica levantada por la existencia de miles de viviendas que se mantienen fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, el caso de Costa Cardón va camino de convertirse en una piedra que puede hacer tambalear todo el planeamiento capitalino. La decisión de dar vía libre a una urbanización de más de 300 casas en un suelo protegido por el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) está marcada por las dudas judiciales generadas tras la jurisprudencia de Varadero. Un temor que ya se instaló en el enconado debate de la Ponencia Técnica de la Cotmac de marzo de 2008.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife
Las laderas de Costa Cardón, en Santa Cruz de Tenerife.
El Digital de Canarias
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Una discusión en la que primó el criterio defendido por el representante del Cabildo tinerfeño, Xavier Adsuara, a pesar de que es la institución insular la que, sobre el papel, tiene la obligación de defender los criterios establecidos por el PIOT. En el debate, de hecho, varios técnicos del Gobierno de Canarias se opusieron de forma rotunda a urbanizar Costa Cardón, como se refleja en las actas de la sesión, a las que ha tenido acceso eldigitaldecanarias.com. Una argumentación defendida por Juan Diego Hernández, que aseveró que la readscripción del área para su urbanización es "ilegal". Criterio al que se sumó otro responsable del área técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, José Antonio Rodríguez, que incidió en la necesidad de que Costa Cardón "debe clasificarse como rústico". Fue la insistencia de Adsuara, sin embargo, la que finalmente obtuvo sus frutos, al conseguir el visto bueno de la Cotmac, que tendrá que ser ratificado en los próximos meses. No hay que olvidar que el Cabildo juega un papel clave en esta decisión, al cambiar su criterio inicial, contrario a urbanizar, tras las presiones de los propietarios de los terrenos, que enviaron diversos escritos a la Corporación insular que, finalmente, propiciaron un giro en el timón del Cabildo. Discusiones y teorías enfrentadas con un invitado que no estaba presente pero que se dejaba sentir en el ambiente: Varadero. El varapalo judicial que frenó las intenciones urbanísticas del alcalde socialista de El Rosario, Macario Benítez, siempre ha estado latente en todo debate de Costa Cardón, ya que ambos casos son muy similares al estar protegidos por el PIOT como áreas de regulación homogénea (lo que supone la incompatibilidad con el uso residencial). En la discusión de la Ponencia Técnica, los técnicos sacaron a colación la jurisprudencia existente para justificar su oposición a la urbanización y, de hecho, el propio viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido, votó en contra de construir en Costa Cardón por la influencia de Varadero, como reconoció en declaraciones al periódico 'Diario de Avisos'. En esa misma sesión, la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, admitió que "hay un antes y un después de la sentencia de Varadero". En realidad no se trata de una sola sentencia, sino de cuatro y un auto judicial emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que frenó un plan que sorprendentemente había recibido el respaldo del Ayuntamiento, el Cabildo y la propia Cotmac. No hay que olvidar que el abogado que consiguió paralizar la urbanización de Varadero, Pedro Fernández Arcila (en representación de IR-Verdes), ya ha anunciado que llevará el caso de Costa Cardón a los tribunales. El letrado Felipe Campos, por su parte, también ha dejado encima de la Fiscalía todas las reclasificaciones de suelo que contempla el PGO en contra de normativas superiores. Entonces, y en medio de esta tesitura, ¿por qué se ha seguido adelante con Costa Cardón? LA EXCUSA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS La justificación principal que se ha dado a la huída hacia delante de Urbanismo se basa, además de en los informes favorables del Cabildo, en la existencia de unos supuestos derechos patrimoniales de los propietarios de los terrenos, lo que daría pie a posibles indemnizaciones millonarias en caso de no permitir las obras. Un criterio en el que se han escudado tanto Pulido como Reverón e, incluso, el propio PP, que inicialmente también criticó esta actuación urbanística. Un extremo negado de forma tajante por los letrados Arcila y Campos, que argumentan que los dueños de Costa Cardón sólo tienen una mera expectativa de derecho que no da pie a indemnización alguna. Lo cierto es que en la zona no existe ningún plan parcial aprobado y, mucho menos, en ejecución. No se ha producido la necesaria cesión de aprovechamientos al Ayuntamiento y, si se echa una mirada al pasado, tampoco existe una modificación puntual del PGO de 1992. De hecho, la decisión de Urbanismo pasó por supeditar la actuación en Costa Cardón a la aprobación de la revisión del planeamiento, que aún no se ha producido. Sí existe una adaptación básica del plan de 1992 que fue aprobada en 2006 y en la que se contempla la zona como urbanizable, lo que no es suficiente según los juristas consultados. Lo curioso es que la posición del Ayuntamiento no ha convencido a nadie, ya que mientras la decisión final tendrá que salir de los tribunales, los dueños de las parcelas ya han asegurado que pedirán una indemnización pese a aprobarse la urbanización, ya que se han recortado los aprovechamientos urbanísticos con respecto al primer proyecto contemplado en el PGO. Incertidumbre en torno a uno de los escasos espacios vírgenes que aún subsisten en el litoral de Santa Cruz. Ni el miedo por un posible revés judicial, empujado por el precedente de Varadero, ni las advertencias de los técnicos han sido suficientes para frenar el empuje político a la controvertida urbanización. Una vez más, habrá que esperar por los juzgados.
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